LA GRILLA
FRANCISCO CHIQUETE
Era obvio. Si la falta de resultados sobre casi cualquier caso no la movieron de su sitio, el asunto del Mayo Zambada y Héctor Melesio Cuén tenían que tirarla. La fiscal Sara Bruna Quiñónez presenta su renuncia al cargo que nunca quiso o nunca supo ejercer a plenitud.
Se va tras la primera intervención del gobierno federal, y lo único que hasta el momento ja esclarecido la Fiscalía General de a República es que nuestra Fiscalía local no hizo las cosas bien.
Las puntualizaciones de la FGR fueron demoledoras: desde la insuficiencia del video para sostener una versión de los hechos (el crimen por robo de vehículo) hasta la ineficiencia en los aspectos técnicos de la investigación con lo primero que tuvo a la mano: el cadáver del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Por desgracia, la renuncia presentada ayer por la fiscal Sara Bruna Quiñones ante el Congreso del Estado, no resuelve ni aclara nada. Los sinaloenses tenemos derecho a preguntarnos si tantas fallas se deben efectivamente a incapacidad, o si por desgracia cabe la posibilidad de una complicidad o complacencia, no suyas, pero sí del equipo.
Cuando apareció la carta firmada por Ismael Zambada y divulgada por su abogado, muchos pensamos que su referencia a la muerte de Cuén era una inconsistencia: creímos efectivamente que el político sinaloense había sido asesinado en una gasolinera, seguramente no para robarle la camioneta, sino en una agresión directa. Pero la FGR nos viene a dar nuevos indicios y hasta pone en duda que Cuén hubiese estado en el vehículo videograbado.
Entonces ¿los testimonios del asalto eran falsos? ¿fue falsa la intervención de médicos que recibieron “aún con vida” a la víctima, quien fallecería más tarde en el hospital, según la versión?
La incineración del cuerpo puede entenderse como una cortesía política. La cortesía de un gobierno que se sabe señalado, con razón o sin ella, y lo menos que quiere es lastimar más a la familia y a la opinión pública con la retención del cadáver. Pero hay casos como este, en que la cortesía no cabe, no tiene espacio, porque es mucho más lo que está en juego.
El gobernador Rubén Rocha Moya hace un reconocimiento a la fiscal por renunciar al cargo. “Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza para que se atiendan a plenitud las observaciones que la @FGRMexico ha formulado, en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén.”
Ojalá la FGR tenga la capacidad de resolver el caso. Hemos visto a lo largo de este gobierno -casi seis años- que se trata de un régimen buenísimo para destruir todo aquello que considera malo, incorrecto y sobre todo corrupto, pero que “no da pie con bola” a la hora de reconstruir aquello que destruyó con fines de mejora.
La versión de la Fiscalía sinaloense en torno al asesinato era, efectivamente, una barbaridad que seguramente no habría sido avalada ni mucho menos ejecutada por un principiante en materia de aplicación de las leyes, pero también es importante saber qué sigue, qué resultados le pueden dar a una sociedad lastimada por el crimen y ahora también por las ineficiencias.
Con la simpleza de quien desconoce la profundidad del caso, la señora Fiscal salió a decir que se trató de un vulgar salto de gasolinera, cuyo móvil era el robo. El video que atesoraron inicialmente no muestra absolutamente nada. No hubo resistencia ni tiempo para ejercerla. Nunca se molestó al chofer, sólo al copiloto, contra quien se disparó en tiempo récord.
Advertida sobre sus inconsistencias, la señora fiscal dijo que el asalto quedó comprobado. “Ya lo que hubo detrás de ese asalto es otra cosa”. Lástima Margaritaaaa Lo que hubiese detrás del asalto también era SU cosa. Su responsabilidad de averiguar y esclarecer, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Ayer se fue.
Los diputados locales, que ya se preparaban para las vacaciones definitivas, tendrán ahora que buscar un reemplazo. Ojalá lo hagan a conciencia, o den tiempo para que los entrantes lo hagan a conciencia. No se puede permitir que le den el puesto a otro secretario particular del secretario general de gobierno o a otro incondicional suyo, porque está visto que no es la fórmula adecuada par resolver los graves problemas que enfrenta Sinaloa en materia de procuración de Justicia.
