Ciudad de México.- De nueva cuenta, decenas de personas se manifestaron al considerar que la eventual instalación de una tirolesa en el cerro El Crestón y el pasado cierre de la escollera contigua son intentos de privatizar espacios públicos para beneficio de particulares.
Tras convocar a la manifestación, el diputado federal Juan Torres Navarro dijo que ya solicitó información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) sobre el estado que guardan estos espacios ubicados en zona federal marítimo terrestre.
La inconformidad surgió luego de que se anunció la construcción de una tirolesa que conecta a los cerros Crestón y del Vigía. Esta es la segunda manifestación convocada por el legislador; la primera se realizó el pasado 22 de enero por la misma razón. En ese acto, también se detectó que el acceso a la escollera se había restringido a la ciudadanía y que se utilizó para un evento de particulares. Después de la protesta, el acceso se volvió a abrir.
El legislador dijo que deben revisarse las concesiones y usos que se están dando a estos bienes propiedad de la nación, incluyendo playas y terrenos ganados al mar, pues se han detectado acaparamientos, construcciones que obstruyen el libre paso de las personas y perjudican al entorno natural.
Consideró que las concesiones de espacios públicos para el usufructo de particulares son una forma de privatización gradual. Por ejemplo, en El Crestón, en donde se ubica el faro, ya existe una concesión para el mirador de cristal y podría instalarse una tirolesa, obra que contempla la construcción de pilotes de concreto con un potencial impacto ambiental en esa elevación natural.
“La privatización tiene sus etapas, primero se concesiona una cosa y luego se concesiona otra, es una privatización gradual”, reiteró.
Aseguró que es posible impugnar y dejar sin validez concesiones y proyectos que van en contra del interés común y del equilibrio ecológico. Las construcciones y obstrucciones en playas y la tirolesa son algunos de ellos. Los cambios de uso de suelo y venta de áreas verdes en colonias también son irregularidades que deben investigarse, apuntó.
“Toda violación a la ley de puede impugnar (…) una concesión leonina se puede impugnar y se puede sancionar tanto al funcionario como al ciudadano”, dijo.
Torres Navarro informó que ya expuso esta situación ante Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y espera poder reunirse con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, para explicarle lo que ocurre en Mazatlán.
“Es probable que la titular de la Semarnat no sepa todas las irregularidades que está habiendo en el puerto”, concluyó.
Datos
- El cerro del Crestón es zona federal marítimo terrestre, mientras que el cerro del Vigía está clasificado como corredor turístico y zona habitacional con densidad baja.
- La empresa inversionista de la tirolesa es Operadora Turística Observatorio 1873 S.A. de C.V.
Con información de Son Playas
