Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad por 97 votos una reforma que busca acotar el uso de la fuerza por parte de policías y militares con el fin de evitar abusos y salvaguardar la vida de los ciudadanos mediante el establecimiento de criterios de racionalidad y oportunidad por parte de los uniformados.
De acuerdo a un informe de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), las fuerzas armadas en México no reportan adecuadamente las detenciones y persisten abusos a derechos humanos perpetrados por sus miembros.
Se agrega que el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas del estado, “ni la Sedena ni la Semar producen informes públicos al respecto” y hay un subregistro en el número de detenciones.
Según datos obtenidos por WOLA, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un total de 9 mil 366 personas en 2022. Sin embargo, en el RND solo se reportaron 2 mil 066 detenciones en el mismo periodo, lo que implica un «aparente subregistro importante» sobre las detenciones militares.
Ante ello, la reforma aprobada a la Ley Nacional sobre uso de la Fuerza, donde se establecen protocolos y criterios de racionalidad y oportunidad por parte de los cuerpos policiacos del país a nivel federal, estatal y municipal con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de las personas.
El dictamen expone que el uso de la Fuerza: la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables.
“Su finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social”.
Asimismo, racionalidad, decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
Además, oportunidad: cuando se requiera hacer uso de la fuerza, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos.
Rafael Espino de la Peña, senador por Morena, destacó la reforma busca “fortalecer los mecanismos de control y verificación de la legitimidad, así como los límites en el uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública”.
Dijo que en el dictamen “se establecen las bases mínimas para el uso de la fuerza en casos extraordinarios al tiempo que se ofrecen mayores y mejores condiciones de certeza jurídica a los gobernados y garantías para proteger y tutelar sus derechos”.
Con imagen e información de Proceso
