Los Mochis, Sin.- Ante las constantes fallas de algunas aerolíneas –Volaris principalmente—que cancelan vuelos intempestivamente y sin avisar a sus clientes, desde el Congreso de la Unión se están demandando sanciones más severas contras las empresas que incurren en esta irresponsabilidad en detrimento de las ocupaciones de los usuarios, o bien, atentando en algunos casos hasta en la salud de quienes utilizan este medio para transportarse a chequeos médicos a distancias largas del país.
La diputada local Ana Elizabeth Ayala Leyva denunció que los legisladores federales han sido testigos en algunos casos en aeropuertos nacionales de la irresponsabilidad de las líneas aéreas que cancelan salidas o vuelos, sin avisarle a sus clientes o mandándoles mensaje justo encima del momento en que se ha tomado una decisión de cambiar días y horarios, o suspender el servicio por alguna u otra razón.
“Algo que nosotros desde el área legislativa estamos proponiendo es una severa sanción a las aerolíneas, porque digamos en períodos vacacionales puedes mover tus tiempos, pero cuando una persona tiene una cita de salud, un compromiso laboral, de educación… no puedes jugar con los tiempos de las personas”, explicó la diputada federal.
Lamentablemente el fenómeno de cancelación de vuelos o suspensión de salidas es en todo el año, ya no sólo en temporadas altas.
La diputada federal Ayala Leyva dijo que las sanciones severas podrían ser desde las multas hasta el endurecimiento de trámites para activar una empresa, “nos han dicho que en algunas ocasiones no todo depende de las aerolíneas, pero vamos a lo que sigue, que son los aeropuertos, en las coordinaciones de salidas y arribos”.
En cierta ocasión fueron manifestaciones de pilotos lo que trastocó salidas y arribos a aeropuertos.
Todos los casos se han enviado a la Profeco, las aerolíneas han resuelto compensando los vuelos, otras dan hospedaje y alimentación a los usuarios afectados o varados.
Sin embargo, la frecuencia en las cancelaciones de vuelos o suspensiones intempestivas está originando un malestar ciudadano que obliga a la toma de decisiones más fuertes contra las empresas.
