Ciudad de México.- “México ha avanzado en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; sin embargo, aún vivimos en un país donde la verdad puede costar el trabajo, la reputación e incluso la seguridad personal”, dijo la senadora por Sinaloa, Imelda Castro, al proponer en la máxima tribuna del país una ley para proteger a quienes se atreven a denunciar.
“Esa es una realidad que enfrentan miles de servidoras y servidores públicos, trabajadores, periodistas y ciudadanos que por actuar con ética se convierten en blanco de represalias”, lamentó al presentar en la sesión de este jueves en el Senado de la República, una iniciativa en la materia.
La senadora morenista destacó que según la ENVIPE 2024, más del 92% de los delitos en México no se denuncian y apenas una décima parte de las denuncias formales recibe una respuesta satisfactoria. En el caso de la corrupción, solo el 4.8% de las víctimas decide presentar denuncia.
“Hoy presento ante esta soberanía, una iniciativa que busca llenar uno de los vacíos más profundos y más costosos de nuestro sistema democrático: la ausencia de una protección integral para quienes se atreven a denunciar lo indebido, alertar sobre la corrupción o revelar riesgos que amenazan el interés público”, destacó.
Imelda Castro hizo saber que durante los últimos años, México ha construido un andamiaje jurídico robusto en materia de responsabilidades administrativas, fiscalización y sanción de la corrupción, sin embargo, ese marco se ha concentrado en castigar a los responsables, pero no en proteger a quienes ayudan a descubrirlos.
La ley General de Responsabilidades Administrativas prevé medios de protección a quienes denuncian, pero sin procedimientos claros, sin autoridad especializada y sin recursos suficientes.
“Recordemos los episodios de la estafa maestra, donde las adjudicaciones simuladas, los sobrecostos de obra pública o los fraudes corporativos, salieron a la luz gracias a la valentía de personas que decidieron hablar. Para atender este tipo de asuntos proponemos la creación de la Ley de Protección a Personas Informantes Alertadoras y Denunciantes de Prácticas Ilegales, Antiéticas o Riesgosas para el Interés Público”, puntualizó.
Imelda Castro explicó que la iniciativa busca crear 3 sistemas especializados a los distintos sistemas donde pueden presentarse las denuncias: 1) El sistema de protección en el sector público; 2) El sistema de protección en el sector privado; y 3) Un sistema de protección a denunciantes externos o ciudadanos a cargo de la Secretaría de Gobernación, mediante el Centro Nacional de Divulgaciones Protegidas, mismo que atenderá casos de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, investigadores o comunidades que revelen información de relevancia social, ambiental o económica.
Imelda Castro advirtió que proteger a quienes alertan no es un acto de benevolencia, sino una necesidad institucional para prevenir la corrupción, fortalecer la ética pública y garantizar que los recursos de la nación se usen para el bien común, porque “las y los informantes son la primera línea de defensa del interés público, son quienes impiden los abusos, los fraudes o las negligencias, o que las negligencias se conviertan en crisis nacionales. Protegerlos, en consecuencia, es proteger a nuestra democracia”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Anticorrupción y Transparencia, así como a la de Estudios Legislativos, Primera.
