Culiacán, Sin.- El juez Adán Alberto Salazar Gastélum vinculó a proceso a Manuel “G” por el delito de robo agravado en quebranto de la confianza derivado de la relación laboral en perjuicio del Congreso del Estado de Sinaloa.
Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Acusatoria Oral Zona Centro, en la formulación de imputación la Fiscalía General del Estado estableció que Manuel “G”, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo de Recursos Humanos del Poder Legislativo, sustrajo cuatro cheques por la cantidad total de 81 mil 212.61 pesos, los cuales cobraron personas cercanas a él.
El empleado sindicalizado desde hace un año, fue señalado por la Fiscalía de sustraer los cheques el pasado 14 de diciembre de 2022, por las siguientes cantidades:
Cheque número 20 por el monto de 25, 337.35, el 27 por 15 mil 256.10, 28 por 8, 79.52 y el 87 por la cantidad de 32 mil 537 pesos.
La Fiscalía argumentó que el extrabajador del poder legislativo recurrió a amigos y conocidos para cambiar los cheques en una institución bancaria, algunos de estos le comentaron que no contaban con credencial de elector por lo que tuvieron que recurrir a otros conocidos, quienes finalmente cobraron los cheques y entregaron el monto a Manuel “G”.
En las entrevistas realizadas, una de éstas con la encargada del departamento de Recursos Humanos y jefa del imputado, dio a conocer que se percataron del faltante de los cheques al acudir uno de los extrabajadores a recoger este documento.
Al verificar que este cheque y otros tres más no se encontraban en el área, se procedió a establecer una denuncia por parte del representante legal del poder legislativo, el diputado Ricardo Madrid.
La defensa del imputado expuso al juez que no existían condiciones para la vinculación a procesos ya que la ley establece que las personas afectadas sería a quienes se les generó los cheques el poder legislativo y al no existir claridad por qué solamente uno de los ex trabajadores acudió a cobrar el cheque y el resto no.
El juez consideró que los argumentos de la Fiscalía al señalar que el poder legislativo pagó a los afectados, por lo que procedió a su vinculación a proceso.
El juez aceptó las medidas cuaterales solicitadas por la Fiscalía sobre su presentación periódica para evitar que salga del estado o país y se prohibió que se acerque o comunique con los testigos del caso, al ser sus amigos y conocer su domicilio.
