La especialista advirtió que, a pesar de la nacionalización del litio por parte del Congreso de la Unión, serán grandes empresas mineras mexicanas, las que eventualmente aprovecharán la explotación de las concesiones otorgadas previamente, por el trabajo previo que algunas compañías han realizado en los depósitos de litio.
“Los privados han invertido mucho en el casino de las concesiones de exploración y en campo levantando muestras”, por lo que, a pesar del anuncio de nacionalización, consorcios mexicanos como Peñoles, Grupo México y Grupo Frisco, mantendrían a salvo y vigentes, en particular, títulos sobre ejidos ubicados en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, “afectando una inmensa cuenca de salares donde el abasto de agua para la siembra campesina y usos urbanos, que es 100 por ciento subterránea”.
Además, señaló la especialista, se afectará indirectamente a el área natural protegida de la Ruta Sagrada del Wirikuta, primordial para la comunidad indígena wixárica. El propio presidente de México, recordó Irasema Gavilán, admitió que hay 8 concesiones para la explotación de litio, a las que se respetará su vigencia, “si demuestran que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción”.
Por lo anterior, reflexiona la investigadora, “no habrá una nacionalización del litio justa -léase el caso boliviano-, y en algún momento se abrieron licitaciones para la explotación de litio y la producción de baterías por falta de tecnología por parte de empresas estatales”.
En el caso de nuestro país, dijo “pensemos que solamente participarían consorcios mexicanos como Peñoles, Grupo México o Grupo Carso de su amigo Carlos Slim… la devastación hídrica y territorial, aunque sea por empresas mexicanas, será inminente”.
Las Claves del Litio
Altiplano de México
Irasema Gavilán compartió con este diario las diez claves que elaboró, para entender dónde están las concesiones de litio en el altiplano de San Luis Potosí –y sus límites con Zacatecas-, así como “la afectación al territorio sagrado Wirikuta”.
En primer lugar, señala la especialista, las concesiones identificadas, aunque no se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida de Wirikuta, sino que se distribuyen sobre ejidos de municipios por donde transitan los peregrinos en la llamada Ruta Histórico Cultural del pueblo Huichol entre los municipios Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo del estado de San Luis Potosí.
Asimismo, los proyectos de litio identificados son Sutti 19 (8,876 hectáreas) afecta 5 ejidos del municipio Santo Domingo; Sutti 20 (6,520 hectáteas) afecta directamente ejidos de municipio Villa de Cos, Zacatecas; Sutti 21(561 hectáreas) concesiona la laguna de ejido El Salitral de Carrera, municipio Villa de Ramos, SLP y Sutti 22 (4,975 hectáreas) concesiona y afecta lagunas Chapa y Salina, y gran parte de la zona habitacional de cabecera municipal de Salinas de Hidalgo.
“Las concesiones originalmente entregadas a la empresa de la familia mexicana Sutti (avecindada en la ciudad de Zacatecas), sin embargo Sutti 19 se encuentra en propiedad de la canadiense Organimax. El proyecto Sutti 19 se encuentra aproximadamente a 72 km norte de Tatei Matinieri y el proyecto Sutti 22 se encuentra a tan solo 30 kilómetros al oeste de estos manantiales sagrados”.
Según la investigación de la especialista, la explotación de litio en esa zona, se encuentra en el mismo acuífero de las comunidades El Barril y uno en el acuífero de Salinas de Hidalgo, “ambos en situación crítica; de extraerse agua subterránea para las piletas de la salmuera donde se obtendrá el carbonato de litio, se afectará directamente a los manantiales sagrados y el abasto hacia las parcelas campesinas de ejidos en el Estado de San Luis Potosí y Zacatecas”.
“En esta zona se dedican 100 por ciento a la agricultura campesina de autosuficiencia, al pastoreo extensivo y crianza de bovinos-caprinos que abastecen los mercados de Nuevo León y Coahuila”, pero además advirtió Irasema Gavilán “se han otorgado concesiones para la explotación de litio y otras bajo el título de explotación de potasio y boro, sin embargo, son elementos que se encuentran asociados, por lo que significan la misma concesión y explotación”.
Entre muchas otras observaciones, Irasema Gavilán señala que tras recorrer varias de las comunidades potosinas con depósitos de litio, encontró que “las comunidades opinan que ninguno de los salares debe explotarse, ni tocar las salmueras las empresas nacionales, extranjeras o aquellas creadas por el Estado mexicano, pues de bombear el agua subterránea para las piletas que producirán el litio, mermará totalmente el abasto ocasionando la pérdida de sistemas de vida tanto campesina como de los ecosistemas”.
Finalmente la investigadora propuso que se escuche “a los ejidos a través de sus Asambleas y autoridades agrarias, que las dependencias encargadas de elaborar el Plan de Justicia para el pueblo Wixárika y las propias autoridades wixaritari incorporen sus voces bajo el sentir de la no afectación del territorio que se comparte… las comunidades (campesinas), no están dispuestas a vender, les asiste el derecho agrario conforme a sus títulos ejidales, así como el artículo 5 capítulo 10 de la Ley Minera, pues como mexicanos también se ostentan como la Nación”.
Con imagen e información de La Jornada
