Ayuntamiento recibe segundo requerimiento administrativo de no acatarse podrían recibir sanciones severas

Por no haber iniciado dos proceso administrativo ordenado en dos ocasiones por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por no acatar el fallo a favor de los policías despedidos y que exigen el pago de 10 millones y medio de pesos en indemnizaciones, salarios y prestaciones caídas, el presidente municipal, regidores y la comisión de honor y justicia, podrían ser acusados de delitos graves y ser destituidos, inhabilitados o separados de sus cargos, informó, el abogado de los policías, Enrique Román Cruz Gastélum.

Cruz Gastélum reveló que se la negativa de los funcionarios de la administración municipal por acatar el ordenamiento de pago, es calificada por el magistrado de la sala norte como un desacato y una violación a los derechos humanos de los policías y si después del tercer mandamiento no cumplen se va a turnar el expediente a la sala superior.

Indicó que, estas sentencias son por un solo caso, sin embargo, en los próximos días otros tres casos tendrán fallos similares y se acumularán los ordenamientos que han incumplido y serán más grandes las sanciones, espera que la actual administración le pague el 70 por ciento del total que están dispuesto a negociar antes de que se termine la administración, porque si no se heredará una deuda millonaria a la siguiente administración.

Detalló que la liquidación para 8 agentes de la policía municipal que fueron despedidos injustamente, alcanza los 10 millones y medios de pesos y aunque han querido hacer convenios de pago solo les han ofrecido el 10 por ciento del total, una cantidad que no se puede aceptar porque es muy poca y aseguró que no van a desistir hasta que se ha justicia.

Reveló que, se denuncio penalmente a la sindica procuradora Cristina Mápula Lares, por entorpecer la justicia al interponer recursos inoperantes para retardar maliciosamente el proceso de los expolicias, y no ha informado al magistrado el inicio de los procedimientos.

Los policías inconformes, José Fidel Leyva Gámez y Roque Castro, respectivamente, aseguran que, si la negativa del ayuntamiento continúa no están dispuestos a negociar y pedirán el 100 por ciento del recurso que determinado el tribunal, porque las condiciones en las que viven son muy precarias y tienen que realizar diferentes trabajos para poder sostenerse.

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