Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V., esta última parte del grupo empresarial KBH, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido como Pegasus.
La FGR informó que a través de su Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García, por lo que el pasado 1 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron dicha orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro.
El detenido fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un Juez, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día, los agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), formularon imputación en contra del detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, agravado en términos del artículo 51 párrafo tercero del mismo ordenamiento, ya que fue cometido en contra de una periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión.
Por lo anterior fue vinculado a proceso y el Juez otorgó cuatro meses para que la FGR continúe con la investigación complementaria.
Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso.
El pasado 28 de julio, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en las dos anteriores administraciones federales, la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, utilizaron el malware Pegasus para presuntamente espiar a periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, servidores públicos y legisladores.
Afirmó que la actual administración encontró 31 contratos firmados por la Policia Federal, la Segob, el Cisen y el Organismo Desconcentrado, otorgados a diversas empresas. Aseveró que esta información ya se entregó a la Fiscalía, quien inició una carpeta de investigaciones por posible práctica ilegal de espionaje. Apuntó que el monto de dichos contratos para utilizar el programa israelí Pegasus, ascendieron a 61.3 millones de dólares (1,970 millones de pesos).
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal en Nueva York, y reconocido por sus prácticas de espionaje. En el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, expuso.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez detalló que la empresa israelí NCO Group desarrolló el software llamado Pegasus, y lo vendió a la entonces Procuraduría General de la República mediante el consorcio Grupo Tech Bull. Aseveró que también se encontraron contratos relacionados con la empresa NCO Group en archivos digitales e impresos de la PF, Segob, Cisen y el Organismo Desconcentrado.
Se violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, de servidores públicos, legisladores. En cambio, este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, afirmó.
El 20 de julio, la Fiscalía General de la República aseguró que ampliaría su investigación por el malware Pegasus utilizado presuntamente para el espionaje político, luego de difundirse que el presidente Andrés Manuel López Obrador y familiares también pudieron ser objetivo de seguimiento junto con periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. La Fiscalía dijo en aquel momento que uno de los funcionarios espiados fue el ex comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón.
Con información de El Economista
