Caro Quintero: un capo experto en amparos

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos ha buscado a toda costa la extradición de Rafael Caro Quintero y él de evitarla, incluso usando tácticas dilatorias para alargar el proceso.

Desde que fue puesto en libertad en 2013, tramitó amparos para evitar la extradición y tras la recaptura lo ha vuelto a hacer.

En los juicios de amparo, los jueces han señalado que han utilizado tácticas dilatorias para retrasar la sentencia y con ello tener frenada la orden de extradición.

En ex líder del cártel de Guadalajara fue recapturado el pasado viernes 15 de julio en la comunidad de San Simón, en Choix, en cumplimiento a una orden de detención con fines de extradición.

Caro Quintero había obtenido su libertad en 2013 con un amparo que luego fue revocado y ordenaron su recaptura.

Tras ser puesto en libertad promovió juicios de amparo contra la orden de extradición, pero solo uno llegó a sentencia y le fue negado.

En uno de los juicios presentado en el Tribunal Colegiado en la Ciudad de México reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Extradición Internacional y la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

El expediente señala que la orden de extradición deriva del proceso superveniente, presentado el 30 de julio de 1992 acusado de delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada, asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal y homicidio grave de un agente federal.

“Unos testigos que conocen de cerca a Rafael Caro Quintero describieron su participación en la organización de tráfico de droga y lo identificaron en una fotografía como la persona que tomó parte en el homicidio, secuestro, delincuencia organizada y actividades delictivas”, señala el documento.

Establece que desde el 13 de mayo de 1987 una corte estadounidense ya había girado una orden de aprehensión en su contra, la cual continúa vigente.

En ese juicio, Caro Quintero alegó que no tenía solvencia económica, según el Tribunal con la intención de evitar el pago de una garantía económica.

El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide laborar o desempeñar actividad porque la pueda adquirir recursos económicos, indica el expediente.

Este juicio empezó en 2014 y terminó apenas el año pasado, debido a que la defensa del capo promovió recursos que lo dilataron y que según los magistrados fue estrategia.

Durante el juicio los abogados pidieron en dos ocasiones que dos magistrados se retirarán del caso y solicitaron que lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Tribunal resolvió que no había impedimento para que los magistrados continuaran y el caso fue enviado a la Corte donde los ministros resolvieron que fuera devuelto al Tribunal y ahí se dictara sentencia.

Después, los abogados volvieron a solicitar que lo enviaran a la Corte pero los magistrados rechazaron la solicitud.

En 2020, el Tribunal señaló que “sólo se trata de una táctica retardataria de la decisión y que con semejantes medidas se ha logrado evitar por el propio quejoso que este asunto se resuelva desde 2014 -hace más de 6 años-, lo que en sí mismo refleja que no se ha honrado la administración de justicia eficiente, pero sobre todo porque el acto reclamado es apenas el primero de un procedimiento de extradición; no es pues una decisión final como para asumir que se trata de su última oportunidad de acudir ante los tribunales y ello pudiera permitir entender, desde el punto de vista legal, estas estrategias”.

“Ciertamente, además de que ha hecho una serie de planteamientos que en sí mismos, uno por uno, encuentran justificación legal -ofrecer pruebas en revisión, interponer recursos de reclamación, que una parte de la revisión haya sido atendida por la Corte- y ello ha incidido notablemente en que aún no se resuelva lo de legalidad, en revisión (hasta aquí) legítimo; también se ha recurrido a conductas procesales que implícita o explícitamente provocan que el tribunal de revisión no esté integrado para resolver su asunto hasta antes de ahora”, señalaron.

Este amparo fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera una revisión después de que le fue negado.

En las dos ocasiones, la defensa usó la misma estrategia que en el Tribunal Colegiado para retrasar la sentencia.

En 2016, sus abogados pidieron que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se declarara impedido para elaborar el proyecto de sentencia; y en 2019 solicitaron lo mismo del ministro Luis María Aguilar.

La Corte ratificó la negativa y devolvió el juicio al Tribunal para que resolviera asuntos específicos.

En 2019 promovió otro amparo con el que obtuvo una suspensión provisional y el juez solicitó una aclaración de la demanda pero no la hicieron por lo que se tuvo por no presentado el juicio de amparo.

Tras su recaptura en Choix, un día después su hermana Beatriz Angélica promovió un amparo en un juzgado de distrito con sede en Puente Grande Jalisco, en el que reclama “la deportación o expulsión del país, sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de América”.

Caro Quintero ratificó la demanda desde el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”.

El juez concedió una suspensión por lo que no puede ser extraditado por el momento.

Tras conceder la suspensión el juzgador declinó la competencia y envió el expediente al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México debido a que por razón de territorio corresponde ese distrito judicial resolver.

El juez primero con sede en el Estado de México aceptó la competencia y será quien resuelva el juicio de amparo.

Este miércoles, el capo obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido con fines de extradición a Estados Unidos.

La jueza Abigail Ocampo Álvarez, con sede en el Estado de México, admitió a trámite el nuevo amparo del exlíder del Cártel de Guadalajara y también otorgó una suspensión de plano para que Caro Quintero no permanezca incomunicado en el penal del Altiplano.

Ocampo Álvarez fijó para el 1 de agosto la celebración de la audiencia incidental donde se definirá si concede la suspensión definitiva contra las órdenes de detención y reaprehensión que pesan en contra del capo sinaloense.

El nuevo procedimiento se añade a la suspensión de plano otorgada por el juez Francisco Reséndiz Neri contra la deportación a Estados Unidos del narcotraficante sin antes enfrentar un juicio de extradición.

Con imagen e información de Riodoce 

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