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Sinaloa.- Considerando que el Estado de Derecho es una condicionante para la vigencia y el respeto de los derechos humanos, la Comisión Estatal reiteró el llamado a la autoridades estatales y municipales de Sinaloa para que todas las acciones y medidas sanitarias, dirigidas a la protección de la salud de la población y mitigar o contener la propagación generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se realicen dentro del marco del derecho a la legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con estricta observancia a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
De acuerdo al marco constitucional y legal, las determinaciones del Consejo de Salubridad General son obligatorias en el país y las autoridades sanitarias son el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las entidades federativas.
Por su parte, los municipios tienen facultades para emitir disposiciones de carácter administrativo, siempre y cuando no sean facultades reservadas a la Federación o al Estado y que no contravengan disposiciones constitucionales, por lo qué en el contexto de la emergencia sanitaria actúan como entidades de apoyo y colaboración con las autoridades sanitarias.
Por lo tanto, todas aquellas políticas y medidas que sean implementadas para prevenir, mitigar, contener y atender la presente contingencia sanitaria deben estar fundadas y motivadas conforme al marco constitucional y legal, y ser acordes a las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias, mismas que deberán aplicarse con estricto apego y respeto a los derechos humanos.
De igual forma, tienen que ser difundidas con oportunidad y claridad para que la población tenga conocimiento de las mismas, esté enterada del lugar donde se aplicarán y de su vigencia.
La Comisión Estatal seguirá atenta y vigilante para que la actuación de las autoridades estatales y municipales de la entidad, en el contexto de la emergencia sanitaria, sea apegada a la obligación constitucional y legal de respetar y garantizar los derechos humanos.
