Al anunciar que también presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por apología de la violencia, acusó que “nos están imputando públicamente, y sin que medie sentencia previa, a los 223 legisladores que votamos en contra de la reforma eléctrica del presidente, como traidores a la patria”.
Precisó que, “no es un insulto más, sino un delito tipificado en el artículo 123 del código penal federal, y no procede cuando no existe una denuncia, no ha habido un proceso y menos una sentencia”.
Sin embargo, dijo, han emprendido desde el domingo “una campaña de odio y de linchamiento al exhibir todos los rostros de quienes votamos en contra de esa reforma, lo cual daña la imagen de los legisladores”.
Ante ello, explicó, se exige la reparación del daño, que implica una disculpa pública, marcha atrás a esta campaña de odio y una remuneración económica, que se destinaría a las personas afectadas por este gobierno, como los niños que no tienen quimioterapias para el cáncer.
La denuncia no procede, pero en caso de suceder “sería disolver el Congreso, lo cual no sucede desde la época de Victoriano Huerta, es realmente una locura lo que están haciendo y ha provocado que algunas casas de gestión, como ha sucedido en Guanajuato”, afirmó.