Culiacán, Sin.- Como una iniciativa para reforzar la atención a la violencia familiar y de género en todas las partes ya que es del interés de todos y en especial de las víctimas, el atender este delito, se firmó el acuerdo de Colaboración para la Atención a los Agresores de violencia Familiar, entre FGE, construyendo Espacios para la Paz, Mujeres de Paz, GC1 Fundación y Jaguares jóvenes de bien A.C.
La fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada , dijo que con la firma de este acuerdo se abre un parteaguas en la forma en que históricamente se ha trabajado para erradicar la violencia familiar en el estado.
“Hoy hemos decidido trabajar de manera conjunta e integral en el abordaje al sistema complejo para que, de esta forma podamos aspirar a muchos y mejores resultados en la atención, educación y salud en general de cada uno de esos pequeños sistemas donde termina por gestarse y generarse la atención y violencia familiar”, indicó.
A su vez el director de GC1 Fundación, Miguel Calderón Quevedo, recordó que hoy se marca un antes y un después donde confluyen sociedad y gobierno, así como organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y Poder Judicial en la atención en un programa piloto que atiende a quienes generan la agresión en las familiares.
“La violencia familiar es vista por muchos como un problema menor, pero nosotros no lo vemos así, creemos que es uno de los principales problemas que tenemos por el impacto que tienen en el futuro inmediato y en largo plazo porque es una especie de incubadora de problemas que podemos tener”, indicó.
Por su parte, el director de Construyendo Espacios para la Paz, Javier Llausás Magaña, destacó que nunca habrá un reto que no se pueda resolver siempre y cuando trabajan juntos sociedad y gobierno.
“Y más cuando se trata de víctimas que nos piden que hagamos algo quienes podemos influir de alguna manera; personas vulnerables que a veces tienen esa voz que nosotros tenemos, o ese poder de tomar decisiones, diseñar políticas públicas para de esos pequeños y esas mujeres hoy vulnerables a esa violencia”, subrayó.
Fernando Gallegos González, director ejecutivo de Jaguares Jóvenes por la Paz, destacó que las experiencias que se han tenido en conjuntar acciones de sociedad y gobierno se tienen buenos resultados y evitar que, quienes incurran en estas prácticas reincidan en ellas.
De acuerdo a cifras de 2021, en Culiacán Sinaloa se generaron por el delito de violencia familiar, 2 mil 313 denuncias ante el Ministerio Público y 6 mil 961 llamadas de Emergencia al 911, siendo este delito el de mayor incidencia en este municipio.
El proyecto que se pondrá en marcha a partir de la firma de este acuerdo de colaboración, atenderá un máximo de 230 jóvenes mayores de 16 años, sujetos al cumplimiento de medidas cautelares o a la suspensión condicional del proceso.
El objetivo de este proyecto piloto, dijo, Rossy Jacobo, de la organización Mujeres de Paz y firmante de este acuerdo, será atender a los agresores mediante la coordinación, vinculación y conjunción de capacidades entre las diferentes Instituciones para facilitar el acceso a los servicios de intervención psicológica de manera individual y grupal a los generadores de violencia o agresores.
Se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia familiar, como son la falta de capacidad para controlar la ira y las emociones; la reestructuración de los pensamientos distorsionados hacia la mujer (machismo o violencia cultural aprendida), la falta de habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica y la atención al abrumamiento psicológico (como ansiedad, estrés, depresión, celos, entre otros).
Como testigos, firmaron los titulares del Poder judicial del Estado, Magistrado, Jesús Iván Chávez Rangel, Secretario de seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, Griselda Aguilar Espinoza, directora de Atención, Sanción y Erradicación de la violencia de la Semujeres; Fabiola Viridiana Cárdenas Quiñónez, procurador de Protección de niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
Así como Yolanda López Cárdenas, Directora de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); Efraín López Payán, Director de la unidad de asistencia de preliberados (UAP); Martha Torres Reyes, titular de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones de Sinaloa (CEPTCA). Y Pablo Rafael Manjarrez Gil, Director del órgano especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (OEEMA)
