Madrid.- La justicia española decidió abrir un proceso penal contra la multinacional ibérica Iberdrola por la manipulación sistemática del precio de la energía eléctrica, que habría inflado 26.5 por ciento. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, finalmente admitió a trámite y abrió el procesamiento de la empresa energética, en concreto por una investigación que inició una asociación de consumidores, Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013 y desde entonces reclamó a la justicia que adoptara medidas para indagar los hechos.
La Audiencia Nacional española es el tribunal que tiene al menos dos procesos de investigaciones abiertos contra Iberdrola, ambos de enorme gravedad para una empresa que se dedica a abastecer de electricidad a la ciudadanía. El primero es el del supuesto espionaje contra empresas competidoras, pero también el de vigilancia y amenazas a políticos y líderes medioambientales contrarios a sus intereses. Este caso lo instruye el magistrado Manuel García Castellón y ya tiene muy avanzadas las investigaciones, basadas sobre todo en grabaciones y documentos que confirmarían la intervención del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en esta trama de espionaje y coacción.
Según el auto judicial, firmado el pasado 26 de mayo y dado a conocer este lunes, el procesamiento contra Iberdrola se justifica después del último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las “numerosas diligencias”, se ha acreditado “indiciariamente” el “artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola” en estas fechas, es decir, 2013. Se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que es órgano regulador en este materia en España, sancionó en 2016 a Iberdrola con una multa de 25 millones de euros, precisamente por la manipulación de los precios. Pero en dicha sanción no se incluyeron otros delitos que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en otros delito la multinacional y que le habría permitido un obtener un “lucro ilícito” de 20 millones de euros.
La versión de Iberdrola es que el precio del mercado subió a finales de 2013 por circunstancias ajenas, que en ese periodo hubo escasez de agua y llegó a los embalses un 25 por ciento de lo normal y que no obtuvo ningún beneficio por la paralización de sus centrales hidráulicas. Es prácticamente el mismo argumento que presentó para defenderse de la causa abierta en su contra por el delito ecológico por el que está señalado en Zamora, también por el vaciado intencionado de los embalses para lograr un incremento del precio de la energía y así más beneficios propios.
Con información de La Jornada