La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, en reunión con la titular de la Auditoría Superior del Estado acordó que se realicen dos auditorías específicas: una, al programa de tarjetas electrónicas que a su vez es investigado por la Fiscalía General de la República, y la otra sobre la captación y distribución a través de la llamada “cuota ejidal” o “cuota Liga”.
En el caso de las tarjetas, éstas corresponden al programa especial emergente y alimentario para hacerle frente a la emergencia Covid-19.
Presidió la reunión la presidenta de la Comisión, Graciela Domínguez Nava, y participó también el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Rosario Romero López.
Asimismo, participaron la secretaria de la Comisión, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, y como vocales las diputadas Flora Isela Miranda Leal, Yeraldine Bonilla Valverde y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, y los diputados Jorge Iván Villalobos Seáñez y Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas.
La diputada Graciela Domínguez comentó que de acuerdo a información que tiene la ASE, el Ejecutivo estatal destinó 219 millones 227 mil 408 pesos en 2020 para el citado programa.
Sin embargo, observó que en el sitio “Compranet” se detectaron dos licitaciones, una en mayo del 2020 y otra en el 2021, que suman una inversión de mil 560 millones de pesos para el mismo programa.
Ante ello propuso que la auditoría a realizar verifique: el monto total destinado al programa; la adquisición de las tarjetas electrónicas para corroborar que se haya cumplido con la ley de la materia, el padrón de beneficiarios y realizar visitas domiciliarias para garantizar la correcta aplicación de los recursos, la relación de beneficiarios en donde conste la firma de recibido del apoyo y estén debidamente firmadas por los funcionarios responsables del programa, y el periodo de entrega de las tarjetas.
Dado que es amplio el programa, se acordó auditar una muestra del mismo.
La otra auditoría específica es sobre la “cuota ejidal” o “cuota Liga” que se aplica a productores agrícolas en el pago del Impuesto Predial Rústico y que luego se entrega a organizaciones campesinas.
El acuerdo de la Comisión en esta auditoría es revisar lo que se ha retenido desde el 2017 a la fecha por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, a dónde se han canalizado las retenciones e identificar a los beneficiarios.
En la reunión también se acordaron otros puntos:
*Que la ASE presente un informe sobre el estado que guardan las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado.
*Que la ASE presente un informe requerido previamente por el diputado Jorge Iván Villalobos, sobre la discrepancia en lo autorizado y lo erogado en los conceptos de “servicios generales” y “suministro de materiales”, el incremento de los “pasivos a corto plazo” y, el detrimento del patrimonio del Gobierno del Estado en cuanto a bienes inmuebles.
*Que informe la ASE el estatus de la denuncia presentada por el Frente Democrático de Maestros Jubilados y Pensionados “Herlinda Barrera” sobre el programa de homologación del aguinaldo de los trabajadores de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) establecido en el presupuesto del año fiscal 2019.
