DOMINGRILLA
LA CRISIS DE INSEGURIDAD
“ES UN COMPLÓ CONTRA AMLO”
TODO, MENOS RECONOCER ERRORES
EL AFFAIRE DE ROCHA Y MELESIO
FRANCISCO CHIQUETE
México vive una nueva crisis de su añejo problema de violencia. Los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y ayer Michoacán, han sido escenario de cruentas acciones de parte del crimen organizado, en actos criminales absolutamente irracionales que llevan el propósito de demostrar “quién manda aquí”.
Al principio el pretexto fue la supuesta detención de cabecillas importantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, pero luego se trató de actos francamente gratuitos en los que no hubo enfrentamientos con otros grupos ni con las corporaciones policíacas o los cuerpos de seguridad, excepto en Michoacán, donde habitantes de Quinceo retienen a la partida de integrantes de seis patrullas de la Guardia Nacional, para exigir la liberación de 164 detenidos, en tanto células del grupo Pueblos Unidos realizan bloqueos y otras movilizaciones delictivas para desalentar un posible rescate.
Evidentemente la delincuencia ya le tomó la medida al gobierno. La supuesta detención de varios jefes del CNJG causó las agresiones de Zapopan y del estado de Guanajuato. Al final resultó que no había ningún detenido de los iniciales, sólo los elementos rasos que fueron alcanzados después de la quema de camiones y negocios. Hoy flota o se siembra la duda: ¿de veras no había detenidos importantes, o los dejaron ir, como en el Culiacanazo?
El caso es que el gobierno -y menos la sociedad- no encuentra qué hacer para contener estas agresiones que aterrorizan a la población y nos exhiben ante el mundo. Ante los acontecimientos de Tijuana, la respuesta fue enviar a ese estado una fuerza adicional de 300 elementos del Ejército. Si consideramos que ya se tenían ahí otros tres mil, es válido preguntarnos sin un diez por ciento más hará la diferencia y ahora sí se podrán enfrentar o prevenir nuevas acciones delictivas.
Es tan difícil 0la situación, que la presidenta municipal de Tijuana tomó los medios de comunicación y las redes sociales para pedir a los delincuentes que no agredan a la población, que sólo lo hagan con aquellos que no les pagaron la factura. Y ´por supuesto, llama a los empresarios a pagar, para que los demás no sean afectados-. Si estuviésemos hablando de operaciones comerciales o financieras legales, sería razonable. Pero las supuestas facturas pendientes son por “derecho de piso”, ese delito contra el que las autoridades deberían proteger a los ciudadanos, incluso los empresarios, pero por el contrario, se les conmina a pagar para que otros no se vean afectados.
La alcaldesa por supuesto, pertenece a Morena, como la gobernadora, como la alcaldesa de Mexicali, quien para tranquilizar a la población le anunció que ya estaba en una mesa de autoridades analizando el tema, y que en todo momento apoyarían a la gobernadora. Cualquiera habría esperado que el apoyo fuese a la población, pero en la política hay jerarquías. Primero los jefazos.
La gravedad del fenómeno es inocultable. El propio presidente ha dejado de decir que “vamos requetebién”, aunque insiste en mantener su decisión de no hacer cambios a la estrategia de “abrazos, no balazos”. Ya lo había dicho cuando ocurrió el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua: ¿cómo estaríamos si no se estuviera aplicando esa estrategia? ¡el país estaría ingobernable”.
El mandatario mexicano sigue sin encontrar razones para alterar sus proyectos, mientras el país se desangra con crímenes insensatos que por supuesto no es fácil evitar, pero que además han crecido alimentados por la impunidad.
CULPABLES, ANTES
QUE RESULTADOS
El primero de diciembre de 1988, desde la presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Socorro Díaz Palacios desahogó el siguiente punto del orden del día: “Tiene la palabra el presidente de la República de la Palabra, Carlos Salinas de Gortari”. El error levantó un intenso murmullo en todo el público, pero Salinas lo tomó con estoicismo y dijo su discurso ofreciendo política, mucha política, más política.
Treinta y cuatro años después, el tropiezo verbal se ha convertido en una realidad. Los problemas de la nación son atendidos con palabras, y ni siquiera en el sentido tradicional de hacer anuncios para cambiar las cosas. Hoy las palabras son la acción, el empeño, la solución. No hay anuncios ni novedades, hay malabares retóricos para negar la realidad que nos está apabullando.
Los estrategas del gobierno federal han soltado toda una campaña en que la serie de ataques del crimen organizado son presentados no como una muestra de la violencia desatada, sino como una forma de atacar al presidente de la República. Ya no es suficiente acusar a Felipe Calderón de haber originado todo lo que vivimos “por su estúpida guerra contra el narco”, sino que ahora también se señala un complot del narco y la derecha para desestabilizar los avances que ha conseguido el país, según el brillante análisis de Epigmenio Ibarra, recogido por todos los cuadros de Morena y del gobierno federal.
Si el esfuerzo justificatorio fuese dedicado a buscar soluciones, respuestas reales y no discursivas, seguramente avanzaríamos atemperando los efectos de la criminalidad, pero no, de lo que se trata es de justificar la inmovilidad y por supuesto, de hacer sentir a la gente que no es la incapacidad del gobierno, sino la perversidad de los rivales políticos lo que nos tiene en una condición tan lamentable.
Mientras, la delincuencia sigue adelante. Tenga usted por seguro que los grupos que hoy tantean terrenos ajenos, tratarán de seguir avanzando, lo que convertirá al país en un incendio todavía más intenso. Siempre nos quedará el consuelo de que el PRIAN estaba más enredado con la delincuencia, según los consuelos que nos recetan.
¿QUIÉN QUIERE DESAPARECER
A LA GUARDIA NACIONAL?
Mientras el crimen organizado desorganiza extensos territorios de la República, el presidente da una férrea batalla por llevarse a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para evitar, según sus explicaciones, que algún otro gobierno venidero pretenda desaparecerla y acabar con el esfuerzo que se ha hecho.
La realidad es que de acuerdo con la ley, el Ejército Mexicano debe retirarse de las acciones de policía durante el año del 2024, y dejar que la corporación policíaca federal -la GN- sea de carácter completamente civil.
Por supuesto, cualquiera se da cuenta de que no existen las condiciones para ello, que al presidente y su gobierno se les fue el tiempo sin generar la base civil de esa gendarmería, sin capacitar y contratar a los elementos necesarios, y sin reforzar a las policías locales cuyo buen funcionamiento nos convertiría en menos dependientes de la presencia militar.
De lo que se trata hoy es, otra vez, de no reconocer las fallas. Ningún gobierno venidero, venga del partido o de la coalición que venga, se atrevería a retirar al ejército de las calles porque sabe que no tiene condiciones reales para hacerlo de manera inmediata, ni mucho menos pretendería desintegrar a la Guardia Nacional, con todo y lo ineficaz que ha sido.
El presidente podría negociar con todas las fuerzas políticas una garantía para que en los años siguientes se siga trabajando con las fuerzas armadas e incluso para mejorar a la Guardia Nacional, pero en este gobierno no se negocia ni se permite la participación de otras fuerzas en las decisiones, aunque éstas sean orientadas a un rumbo similar al que hoy se lleva.
A la luz de los acontecimientos recientes cabe preguntarse: ¿un cambio constitucional, que pase a la GN al Ejército, será suficiente para detener todo lo que está ocurriendo? Por supuesto que no. Es probable que se faciliten trámites administrativos que hoy están en suspenso, pero burocracias más o burocracias menos, las cosas seguirían igual. Entonces ¿por qué no buscar nuevos caminos en lugar de convocar al enfrentamiento como se está haciendo con los anuncios de que sea como sea, la Guardia se militariza? Porque en efecto, se va a militarizar. Si la oposición se mantiene y rechaza la reforma constitucional, el decreto anunciado será suficiente para lograrlo, pues aunque van contra la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechazaría, en el mejor de los casos, por siete votos contra cuatro, pero se necesitan ocho votos para hacer la declaratoria de inconstitucional.
Así como Donald Trump y su corriente tuvieron votos suficientes para que la Corte estadunidense acabara con el derecho al aborto en las condiciones que ya existía, el presidente López Obrador ha ido colonizando a la Corte para que resuelva a su favor los temas que a él le interesan.
CUÉN CONTRA ROCHA
El gobernador Rubén Rocha Moya declaró nuevamente la guerra al dueño del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Literalmente le lanzó toda la fuerza del estado por el atrevimiento de irrumpir en las elecciones internas del Partido Morena y anunció que buscarán la anulación de las catorce consejerías obtenidas por militantes pasistas, además de correr a funcionarios estatales de ese origen partidista.
Ya puesto a transparentar sus sentimientos, Rocha reclamó la poca cortesía política de Cuén, de andar reuniéndose con el secretario de Gobernación y con el dirigente nacional de Morena, y la posible obtención de acuerdos que por supuesto, impactan a la autoridad sinaloense.
Cuén se defiende diciendo que el proceso de Morena fue abierto a toda la población y que los postulados lo hicieron por su cuenta, sin permiso del PAS, que comprende su intención de participar en elecciones federales, lo que obviamente es una mentira del tamaño del mundo.
El tiro está cantado. Ni Rocha va a permitir que Cuén siga tratando de conquistar espacios en Morena, ni Cuén va a renunciar a esa posibilidad. Su apuesta de ser groupie de Adán Augusto Hernández es muy arriesgada. Parece ser el que menos posibilidades tiene entre las corcholatas preferidas del presidente, pero está en la lucha.
Es cierto que en caso de llegar, don Adán tendría que escoger entre afianzarse la colaboración del gobernador y la estructura de Morena, o arriesgarse a un descolón, una simulación de colaboración, a cambio de lo que auténticamente le pueda acercar Héctor Melesio Cuén, cuyo verdadero valor electoral ya fue visto en el proceso de 2021.
ACUSACIONES
Ante el tribunal electoral hay una denuncia que describe el proceso electoral interno de Morena como un ristra de irregularidades en que se compraron votos, se usaron los programas sociales, se coaccionó el voto, se acarreó a votantes y otras barbaridades más. No es una acusación de los partidos de oposición, sino de militantes de ese mismo partido.
Las acusaciones que hasta hace poco se hacían con el mismo calor en contra del PRI-gobierno o del PAN, hoy son de morenos contra morenos. Lo grave es que muchos de los señalamientos fueron tan evidentes, que alarman a aquellos que consideran posible llevar hasta la constitución las propuestas presidenciales de cambiar al sistema electoral, para ponerlo al servicio de quienes hoy son acusados de todo, absolutamente de todo, excepto de decencia.
Al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres lo señalan en las redes por obligar a los trabajadores a acudir a votar, por pagarles para que voten y de acarrearlos bajo amenaza de perder el empleo; al hermano del alcalde ahomense Gerardo Vargas Landeros, lo acusan de aprovecharse del puesto de delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte, para mover votantes en camiones urbanos, taxis, carros de uber y de didi. Las acusaciones tampoco son de opositores de otros partidos, sino de militantes morenistas.
Lo que sí viene de otros lados es la acusación al alcalde Benítez Torres de haber mandado grúas para levantar los coches estacionados en la calle Libertad, a eso de las 6:30 de la mañana. Los dueños no supieron ni dónde se los fueron a aventar. Y todo porque el señorón tenía un desayuno en los alrededores, y no podía sacrificarse con una breve caminata, ni molestarse en bajar del coche sin que éste se hubiese estacionado. De horca y cuchillo.
