El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas, y aunque se presentaron proyectos en varias ocasiones, no fue hasta 2018 que se debatió por primera vez en el Parlamento, después de que el entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), facilitara que se diera el debate, a pesar de estar en contra de la legalización.
Aquel proyecto, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue aprobado por los diputados pero no por los senadores.
Es así que el actual mandatario, Alberto Fernández, prometió en su campaña de 2019 impulsar una nueva ley, con el fin principal de reducir los abortos clandestinos, que arriesgan la vida de las mujeres, especialmente de las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo practican de forma segura.
Esta vez, una diferencia fundamental es que el proyecto lo elabora el Gobierno, por lo que de ser sancionado sería considerado un éxito para el presidente tras un difícil 2020 marcado por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de salir de la grave recesión que arrastra el país desde 2018.
Una reñida discusión
Según estimaciones difundidas después de que la mayoría de los senadores se posicionara públicamente en las últimas semanas, todo apunta a un resultado muy igualado aunque con una ligera ventaja del “sí”, en un escenario en el que los aún indefinidos podrían ser decisivos, pero también las posibles abstenciones y ausencias.
Es el caso de los oficialistas José Alperovich -que en 2018 votó en contra y está de licencia laboral tras haber sido denunciado por presunto abuso sexual por una familiar suya- y el expresidente Carlos Menem, de 90 años, que también votó en contra hace dos años y está hospitalizado.
Ante un virtual empate, no se descarta que sea crucial la postura que adopte la ex jefa de Estado Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país, ya que como titular del Senado puede ejercer el voto si se da igual número a favor que en contra.
Posible inconstitucionalidad
Si se aprueba la ley, la senadora del opositor Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez adelantó que se presentará una denuncia.
“Es absoluta y flagrantemente inconstitucional, por lo tanto, si este proyecto se transforma en una ley será un juez el que termine resolviendo”, señaló, al remarcar que Argentina se comprometió en tratados internacionales y en leyes ya aprobadas “con los estándares más altos de protección para la vida desde el momento mismo de la concepción”.
Horas antes, y sin referirse directamente a su Argentina natal, el papa Francisco, cuya opinión siempre influye en la discusión política del país, publicó un mensaje en Twitter que alcanzó un gran eco en el contexto actual.
“El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”, indicó el pontífice.Y es que la Iglesia católica es una de las más visibles detractoras de la legalización, al igual que las organizaciones ‘provida’ que promueven el derecho a vivir de la mujer y del niño por nacer.
El sábado pasado, el presidente del Episcopado, Óscar Ojea, oró para que los legisladores “no renieguen de sus convicciones más profundas” en defensa de la vida humana y sostuvo que, en medio del “contexto excepcional” de la pandemia, la Iglesia no puede ocultar su “dolor” ante el proyecto.
