EN LA GRILLA
LES DUELE LA TRANSPARENCIA
400 MILLONES DE LAS LÁMPARAS
LAS FIESTAS DE NUESTRO ALCALDE
FRANCISCO CHIQUETE
¿Por qué a los políticos les cuesta tanto trabajo la transparencia?
Incluso un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que pone tanto el acento en la lucha contra la corrupción, ha sido muy resistente a transparentar sus gastos. Prácticamente todos sus proyectos importantes tienen reservas máximas en el manejo de su información financiera, y aún casos de adquisiciones tan nobles, tan poco discutibles como la compra de vacunas, han sido marcados con el velo de la discreción.
Peor aún: la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la decisión de posponer cinco años la información sobre las operaciones realizadas en torno a esas vacunas contra el Covid, aceptando el argumento de que se trataba de un caso “de seguridad nacional”. Todo el que ha conocido esa explicación se pregunta dónde está el riesgo a la seguridad.
Es tan fuerte ese impacto, que el propio presidente López Obrador anunció este miércoles que por decisión propia daría a conocer los movimientos, una decisión inteligente sin duda, que le evitará un debate innecesario. Hay otro ejemplo en que debería reaccionar igual: el costo de sus grandes obras. En la refinería de Dos Bocas corren las cifras, se habla de duplicación del costo estimado inicialmente cuando aún está lejos de terminarse y producir gasolina (aunque la inauguración ya está programada para julio próximo).
Por supuesto que no es el primer gobierno que esconde sus datos. Lo hicieron Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes gobernaron bajo la obligación legal de transparentar sus ejercicios presupuestales, pero ese incumplimiento fue uno de los argumentos principales de López Obrador para convencer a la sociedad de que debían ser desechados del panorama político nacional.
Ese punto y la falta de licitaciones en la asignación de contratos serán puntos principales en la disputa presidencial del 2024, cuando la facción gobiernista tenga que explicar algo más allá del argumento sembrado entre la población; “el PRI robó más”, que no por cierto alcanza a justificar la opacidad ni la discrecionalidad.
Con frecuencia, el presidente responde a las demandas de información con acusaciones y descalificaciones. Los periodistas fifís, neoliberales y al servicio de los corruptos desplazados, dice, atacan al gobierno, sin asumir que el derecho a la información es una disposición constitucional, de la que emana una ley reglamentaria en que se establecen las formas en que los asuntos públicos, especialmente los del manejo presupuestal, deben ser dados a conocer a la ciudadanía.
Por desgracia esa forma de responder ya no es exclusiva de quien se considera “el presidente más atacado” en un siglo, sino que forma parte de las conductas copiadas y asumidas por secretarios, gobernadores y presidentes municipales. Todo mundo reacciona de la misma forma, como si pedir cuentas fuese una agresión.
EL MAL EJEMPLO CUNDE HASTA MAZATLÁN
Por estas fechas Mazatlán discute un asunto muy delicado: la compra de lámparas tipo UFO por casi cuatrocientos millones de pesos, sin haber pasado por una licitación o el cumplimiento de algunas otras condiciones de carácter legal, operación que se reconoce así defectuosa, pero que no se puede deshacer porque, dice el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ya hubo un adelanto de 80 millones de pesos que no se pueden perder.
En realidad, considerando que no habría el menor problema, contratantes y contratistas se lanzaron a la instalación de las lámparas. Y ya, no había por qué tener cuidado, ser precavido ante una reacción de la sociedad. Los políticos suelen creer que aduciendo buenos propósitos, tienen autoridad para hacer lo que les venga en gana con el dinero público, confundido casi siempre con dinero propio.
Apenas el lunes, el gobernador Rubén Rocha Moya se refirió al convenio firmado con el gobierno municipal de Culiacán para pagar pensiones rezagadas a las viudas de policías: “Me cuesta veinte millones de pesos”. Por fortuna todavía tiene poco tiempo en el ejercicio, de modo que le alcanzó el contacto a tierra para corregir: “cuesta veinte millones de pesos”.
El escándalo de los casi cuatrocientos millones de pesos motivó una comparecencia del comité de compras del gobierno municipal ante los regidores, y aunque no se logró nada satisfactorio, se pudo ver la desorientación de sus integrantes, que no tienen la menor idea de por qué se les está cuestionando.
La oficial mayor declaró su desconcierto porque se les pregunta sobre la falta de licitación, y nadie se pone a ver que esas lámparas hacen falta. Seguramente la joven funcionaria Nayla Adilene Velarde Narváez es muy eficaz en su tarea oficial, pero no sabe absolutamente nada de las leyes que reglamentan el manejo de los recursos públicos, y entonces se pregunta uno por qué ella fue escogida para presidir un comité de compras.
Nadie discute la necesidad de que la ciudad cuente con un buen alumbrado público, ni mucho menos lo positivo de que ese alumbrado llegue a las calles de los asentamientos populares, como proclama la funcionaria. El problema es que hay reglas.
De acuerdo con la ley, después de determinada cantidad, las obras o adquisiciones deben licitarse, ya se por concurso o por invitación. Al menos es necesario hacer una compulsa.
La discrecionalidad sólo se permite en casos de emergencias, como las desgracias colectivas dejadas por un ciclón, una inundación, y aún en esas circunstancias ha habido castigos, como el tristemente célebre caso de los colchones cagados, en que se compraron unidades disponibles en la plaza de Culiacán, recurriendo a lo más barato, que resultó ser de piezas recicladas.
Una compra mínima, comparada con las lámparas, que de todos modos provocó la caída de un secretario de despacho en el estado y el sometimiento a juicio del subsecretario que ejecutó la operación.
Sorprende el caso de Mazatlán porque no se han librado aún las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades que alcanzan los 800 millones de pesos, cuya solventación no se ha alcanzado o no se ha demostrado, pese a la ligereza con que el alcalde responde a ese tema, y ya están metidos en otro conflicto público, que de un solo golpe alcanza la mitad de aquella escandalosa cantidad.
Tiene todos los visos del mal que genera la impunidad.
ALGÚN DESILUSIONADO
Es cierto lo que tanto se dice: al alcalde Benítez Torres le encanta la fiesta. Mientras la ciudad se debate en medio de problemas graves, como las dudas que genera la adquisición de aquellas lámparas, o los reclamos por la falta de respuestas ante la desaparición forzada de decenas de personas don Luis Guillermo se organizó un desfile para homenajear al boxeador mazatleco Gilberto Ramírez, el zurdo, que acaba de conquistar una gran victoria de resonancias internacionales.
Que se reconozca al talento está bien, que al boxeador se le haga sentir querido en su ciudad también, pero ¿Qué necesidad había de que el alcalde encabezara el desfile, por delante del propio Zurdo Ramírez? Y eso que ya había estado en la ceremonia del pesaje previo a la pelea y por supuesto, en la propia función de box.
Nada nuevo en la conducta de este hombre que ya se prepara para ir al tianguis turístico y meses después, de nuevo a Europa, a promover a Mazatlán, según sus propias palabras.
Aquí hubo más de un observador maledicente que se declaró defraudado porque si el Químico fue a España vestido tan elegantemente como los integrantes de la Banda El Recodo; si fue a la semana de la moto vestido de biker, incluyendo el pañuelo que para los vetarros sesenteros era signo de rebeldía y hoy es protección contra el sol, esos observadores esperaban que para acompañar al Zurdo Ramírez, hubiese ido vestido con un calzón de boxeador, pero no, por fortuna. Hasta para el Químico habría sido demasiado.
