Morena pide a Cámara de Diputados demandar a Congreso de Tamaulipas por caso García Cabeza de Vaca

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, solicitó formalmente a la Mesa Directiva de San Lázaro que presente una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas por presuntamente desacatar la resolución de desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Este viernes circuló entre legisladores un borrador de la controversia, cuya copia posee El Heraldo de México, en el que se pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspenda el acuerdo de la legislatura local que declara no procedente el desafuero del gobernador; también, en el que solicitan a los ministros que, “de manera prioritaria”, aborden el caso y finalmente declaren su invalidez.

“El citado Congreso Estatal indebidamente aprobó el Punto de Acuerdo No. LXIV-267, mediante el cual se declara que no procede la homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas”, señala el documento que presentarán a la Corte.

La controversia fue solicitada este viernes formalmente por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, a la Mesa Directiva de la Cámara, que encabeza Dulce María Sauri.

En el escrito que envió el morenista, fechado este 28 de mayo con acuse de recibido por parte de la Mesa Directiva a las 15:00 horas, el también coordinador de Morena argumentó que el punto de acuerdo del congreso local “constituye una contradicción a la resolución definitiva e inatacable aprobada por el Pleno de la Cámara… por lo que es menester defender los intereses de esta Cámara de Diputados mediante la interposición de una demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas”.

“No sólo por la mencionada contradicción a la declaratoria de procedencia, sino también por todas las demás acciones del órgano local y efectos que se derivan”

Cabe señalar que el caso inició el pasado 23 de febrero, cuando la Fiscal General de la República presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) en contra del gobernador de Tamaulipas para que ellos puedan proceder en su contra por delitos como defraudación fiscal equiparada.

Fue hasta hasta el 30 de abril que el Pleno de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora; sin embargo, el Congreso de Tamaulipas lo rechazó el mismo día.

En el borrador de la demanda de controversia se argumenta que “la declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión”, citando los artículos 74, 110 y 111 de la Constitución mexicana.

Advierte que el Congreso de Tamaulipas debió acatar la declaración y procer “como corresponda, lo cual significa que dejar al funcionario en aptitud de ser juzgado penalmente por delitos federales y que la legislatura local proceda a determinar su separación del cargo y a que nombre un Gobernador sustituto”.

También piden a la Suprema Corte que conceda la suspensión del Punto de Acuerdo No. LXIV-267, en tanto resuelve la Controversia.

“En este sentido, hasta en tanto se resuelva el fondo de la Controversia Constitucional planteada, debe prevalecer la declaración de procedencia aprobada el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión erigida como Jurado de Procedencia, por lo que el Congreso del Estado de Tamaulipas, deberá retirar del encargo al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal”, señala.

Además, solicitan que que la controversia sea substanciada y resuelta de manera prioritaria, en términos del artículo 9° bis de la Ley Reglamentaria de la materia”.

“En su oportunidad, dictar sentencia declarando la inconstitucionalidad del Punto de Acuerdo NO. LXIV-267, así como el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado de Tamaulipas, que se impugna”, concluye la controversia.

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