Culiacán, Sin.- En conferencia de prensa junto con Ramón Bonilla, director de la Facultad de Derecho y responsable de la defensa de la institución, Madueña Molina dio a conocer que tras recibir notificaciones del SAT en el 2019 por concepto del ISR presentaron demandas.
“Yo quiero decirle a la comunidad universitaria que no hay nada porque preocuparse, los tribunales nos dieron la razón a las demandas que pusimos cuando pedimos la nulidad del proceso, se nos dio la razón a la universidad y estamos a la espera de que los tribunales, porque cuando un tribunal define algo no es definitivo entonces nosotros estamos esperando“, expresó.
Detalló que en atención a una investigación del SAT, en el mes de septiembre del año pasado visitó las instalaciones de esta instancia federal, donde se les hizo una propuesta de solución al conflicto, respondiendo que esperarían el ingreso del gobernador Rubén Rocha Moya para establecer un convenio.
Defendió que en los últimos años se ha regresado el monto correspondiente por ISR al Gobierno del Estado pero este no ha enterado a la universidad, siendo el principal argumento para solicitar la nulidad del proceso que el SAT mantiene contra la universidad.
“Yo lo platiqué con el Gobernador, me reuní con el SAT con este tema, lo enteré de qué se trata y el hizo el compromiso que durante su administración no va ocurrir eso”, aseguró al descartar que exista alguna alarma de embargo por el supuesto adeudo que tiene la UAS.
Ramón Bonilla, responsable de la defensa de la institución, explicó que el SAT hizo un requerimiento a la universidad por los ejercicios fiscales 2015 y 2016 durante los años 2019 y 2020, presentando pruebas de que no existía tal adeudo.
“Nosotros acudimos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, entre la causas es que la universidad es beneficiaria, que todo el ISR que se registre tiene que ser devuelto a la universidad”, expresó al argumentar que las universidades están exentas de pago de impuestos por Ley.
El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que la UAS tiene responsabilidades en el adeudo de 2 mil millones de pesos ante el SAT por retenciones del Impuesto sobre la Renta y requerimientos por 2 mil 035 millones por concepto de retenciones a los trabajadores no enteradas del ISR durante el 2015 y 2016.
