Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, salió al paso este miércoles a la preocupación mostrada por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, quien en la víspera alertó sobre las consecuencias que tendría el recorte presupuestal del 75 por ciento en la atención a las víctimas de violencia.
En su cuenta de Twitter, el funcionario recordó que “el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos. Antier tuve la oportunidad de platicarlo con @M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad”.
El secretario Herrera se refirió a la conversación que sostuvo con la secretaria Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas el lunes y en la que según la propia dependencia, se reiteró que “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”.
Este martes, en entrevista con Excélsior, la titular de la Comisión, Mara Gómez, advirtió que de proceder el recorte a este organismo por medidas de austeridad se le descontarían 121 de los 139 millones de pesos que le quedan de presupuesto para este año, lo que pondría en riesgo de parálisis la atención a las víctimas de violencia cuyo registro asciende a 34 mil 215, de las cuales 7 mil 200 reciben recursos económicos y apoyo en los Centros Integrales.
“Frenará las actividades esenciales de la CEAV y paralizará su funcionamiento.
“Ese es mi punto, yo creo que a diferencia de otras instituciones del Estado mexicano, la CEAV con este recorte no puede continuar, simplemente, aunque me quedara con el 50 por ciento del personal en el país ¿dónde van a trabajar si los inmuebles son rentados? O ¿cómo van a dar atención psicológica, contención emocional a las víctimas o tramitar sus traslados o sus medidas de apoyo, si no hay computadoras? Es una situación muy compleja”, subrayó.
Explicó que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano de Gobierno, la Comisión resentirá un impacto mayúsculo debido a que, entre otras circunstancias, no es propietaria de ninguno de los al menos 20 inmuebles en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados y lo mismo ocurre con hasta el 60 por ciento del personal que ocupa plazas eventuales y de outsourcing, pagadas con recursos de los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales.
