Ciudad de México.- Luego de que ayer se permitiera, gracias a amparos, la reanudación de pruebas preoperativas de proyectos de generación eólica y solar, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hubo actos de corrupción para que empresas privadas generaran energías limpias, pues “incluso se pretendía destruir a la CFE”.
En conferencia, el mandatario explicó que su administración no está en contra de las energías limpias, pero sí de los actos de corrupción en la industria eléctrica que afectan el interés nacional.
Al referirse a las energías limpias, afirmó que entre funcionarios públicos y empresas privadas se pactaron “concesiones, contratos leoninos” la compra de energía eléctrica a precios elevados y con subsidio.
“Se pretendía destruir a la CFE, cerrar sus plantas, subutilizarlas, no permitirles generar energía para dar preferencia al sector privado, sobre todo, extranjero. En esas irregularidades, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energía limpias en contra de la Comisión”, dijo.
López Obrador reiteró que su gobierno trabaja para proteger el consumo de la energía eléctrica y garantizar que se pueda ofrecer a precios justos.
“No se suspende ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica; estamos a favor de las energías limpias”, aclaró.
El presidente anunció que giró instrucciones servidores de la CFE y de la Secretaría de Energía para defender la decisión de que no haya privilegios a empresas.
Vamos a defender nuestro criterio en los tribunales”, mencionó, aunque no descartó la posibilidad de abrir un diálogo con las empresas para llegar a acuerdos.
REANUDAN PROYECTOS VERDES
Gracias a amparos interpuestos en contra del “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, al menos 23 de 44 proyectos de generación eólica y solar afectados por esta política podrán reanudar sus pruebas preoperativas.
Lo anterior, luego de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) justificó que el Gobierno federal consideró que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectaría la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, dando prioridad a las plantas que utilizan combustibles fósiles, principalmente el combustóleo, e incluso el carbón.
Lo anterior fue criticado por organizaciones civiles, ambientalistas y por la iniciativa privada, pues consideraron que con ello se frenan las inversiones en la materia y se incumplen con acuerdos internacionales sobre el ambiente.