Los Mochis, Sin.- Evidencia de agresión física y psicológica contra las niñas Ana Lizbeth, y las hermanas Janeth y Cristina, es la razón por la que la Vicefiscalía Regional Zona Norte ordenó a DIF Guasave prohibir que los menores de edad estén bajo el resguardo de los padres de oficio jornalero, que conlleva la prohibición de visitas a la Casa Hogar del DIF, según, informó este miércoles el vicefiscal de la zona norte, Isaac Aguayo Roacho.
La ley faculta la intervención de la Vicefiscalía y los obliga a tomar medidas para evitar que se sigan repitiendo esas conductas de violencia, aseguró el funcionario estatal, agregando que la “afectación física y afectación psicológica” encontrada en los menores es “grave”.
En este sentido, el viceifiscal señaló que los padres se encuentran faltos de información y asesoría objetiva, ya que llevar el tema a lo mediático no resolverá el problema. Además, enfatizó en que la decisión aplicada puede ser revisada por cualquier órgano jurisdiccional.
“La ley nos faculta, especialmente a la Fiscalía y DIF, a intervenir cuando encontramos riesgo de integridad física o psicológica; entones, en este caso en particular y de acuerdo a las investigaciones, hemos encontrado ese tipo de evidencia: afectación física y afectación psicológica grave que nos obliga a tomar medidas a pesar de que sean sus papas”, explicó.
En tanto a si las pequeñas se reinstalarán con sus padres o serán separados definitivamente, Aguayo Roacho informó que esto dependerá de las conductas que la Vicefiscalía pueda comprobar, así como de la posibilidad que tengan los padres de enmendar la situación a lo largo del proceso con circunstancias impuestas como tener empleo y tomar terapia para efectos de evitar la violencia.
Este proceso podría durar hasta un año, debido a que existe la posibilidad de que se interpongan recursos de amparo, de acuerdo a lo que explicó el vicefiscal de la zona norte.
Otra posibilidad existente en el proceso es que, en caso de comprobarse ante el juez las agresiones contra las menores, también podría haber consecuencias penales contra los padres, confirmó Isaac Aguayo, quien finalizó destacando que conocen las responsabilidades que implica separar a los menos de edad de sus padres de familia, pero están obligados a tomar medidas para evitar que se sigan cometiendo estas conductas.
