Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. Con esta modificación, se busca establecer protocolos y sanciones uniformes en todo el país.
El dictamen, respaldado por todas las fuerzas políticas con 467 votos a favor, contempla cambios al Artículo 73 de la Constitución. A pesar del consenso, legisladores de oposición advirtieron que sin recursos suficientes, la violencia contra las mujeres continuará sin cambios significativos.
Tras su aprobación, la iniciativa fue enviada a los congresos estatales para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Previo al debate, el pleno guardó un minuto de silencio por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, ocurrido recientemente en la Ciudad de México, caso que marcó el tono de la discusión parlamentaria.
Un caso que evidenció la violencia estructural
El asesinato de Edith Guadalupe detonó un fuerte intercambio entre legisladores, quienes señalaron que este crimen refleja una problemática profunda tanto social como institucional en el país.
Buscan homologar criterios en todo el país
Durante la defensa de la reforma, la diputada Julieta Vences afirmó que la iniciativa —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente avalada por el Senado— representa una respuesta histórica frente a la violencia que enfrentan las mujeres y la impunidad que ha prevalecido.
“Es una respuesta histórica para saldar la deuda que tenemos con las mujeres de nuestro país, porque durante años han enfrentado la violencia y, lo peor de todo, se han enfrentado a la impunidad y al abandono institucional”.
La legisladora reconoció que, aunque ha habido avances en los últimos años, el delito sigue presentando cifras elevadas, en gran parte por la falta de criterios homogéneos entre estados en cuanto a tipificación, agravantes e investigación.
Protocolos únicos para frenar la impunidad
En la misma línea, la también legisladora Olga Sánchez Cordero subrayó que la nueva ley permitirá establecer bases comunes para acreditar el feminicidio en todo el país, evitando que estos casos sean clasificados incorrectamente como homicidios o suicidios.
Además, destacó que la homologación brindará mayor certeza jurídica a las víctimas indirectas, así como mecanismos de reparación del daño, protección integral y acompañamiento.
Oposición advierte falta de recursos
Pese a votar a favor, legisladoras de oposición insistieron en que la reforma será insuficiente sin presupuesto. Ariana del Rocío Rejón señaló que las fiscalías enfrentan una sobrecarga de trabajo y bajos niveles de judicialización en los casos.
Como ejemplo, indicó que en 2025 se registraron más de 4 mil 500 casos de feminicidio o tentativa, de los cuales solo el 15% llegó a una acusación formal.
En ese sentido, advirtió: “Una nueva ley por sí sola no resuelve las Fiscalías rebasadas, no sustituye Ministerios Públicos mal capacitados, no corrige carpetas mal integradas. Una ley que llega sin presupuesto, sin prevención y sin reglas claras de coordinación puede convertirse en otro monumento a la hipocresía institucional y a su incapacidad para gobernar”.
Debate sube de tono en el pleno
La discusión se tensó en la recta final, cuando legisladoras del PAN cuestionaron al oficialismo por su actuación en materia de derechos de las mujeres, lo que derivó en señalamientos cruzados.
Desde la bancada del PT y Morena se respondió con críticas a administraciones pasadas, lo que elevó el tono del debate y evidenció la polarización en torno al tema, pese al respaldo unánime a la reforma.
Con este avance legislativo, el país da un paso hacia la creación de un marco nacional que busca cerrar brechas de impunidad, aunque el reto de su implementación dependerá, en gran medida, de los recursos y políticas públicas que lo acompañen.
Con imagen e información de El Informador
