Mocorito, Sin.- El regidor Jessy Martínez Sauceda elevó el tono y presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) por la presunta realización de una fiesta privada en las albercas municipales de Mocorito, un hecho que calificó como una “falta administrativa grave” y un claro abuso de recursos públicos.
De acuerdo con el edil, la celebración ocurrió la tarde-noche del domingo 26 de abril, cuando la directora del Sistema DIF municipal, Celina Medina Salazar, habría organizado un festejo de cumpleaños en dichas instalaciones, con la presencia del presidente municipal y otros invitados, además del ingreso de bebidas alcohólicas.
“El organizar una pachanga en instalaciones de gobierno no solo es indebido, es ilegal. Los espacios públicos no son salones de fiesta para funcionarios”, sentenció Martínez Sauceda, sostuvo que los hechos encuadran en el uso indebido de bienes materiales, como lo establece el Artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
El regidor subrayó que el evento no tuvo carácter oficial ni comunitario, descartando que se tratara de una actividad institucional o conmemorativa. “No fue para la ciudadanía, no fue un evento oficial: fue una fiesta privada”, insistió.
Además de exigir una investigación y sanciones, Martínez Sauceda demandó claridad sobre los reglamentos municipales que regulan el uso de instalaciones públicas. Señaló que, de no existir lineamientos estrictos que prohíban su utilización para fines personales por parte de funcionarios, se estaría frente a un vacío normativo que facilita este tipo de conductas.
“Si no hay reglas claras, deben crearse de inmediato. Y si las hay, deben aplicarse sin excepciones. No puede haber privilegios para nadie”, enfatizó.
El edil advirtió que este tipo de acciones dañan la imagen del gobierno municipal y profundizan la desconfianza ciudadana, al tiempo que acusó un retroceso en la ética pública.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Mocorito no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos, mientras se espera que el Órgano Interno de Control determine si existen responsabilidades administrativas que sancionar.
