Ciliacán, Sin.- Ante las recientes manifestaciones de grupos ciudadanos y comunidades indígenas que exigen detener la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, sostuvo que el proyecto no debe suspenderse y llamó a los gobiernos estatal y federal a brindar certeza jurídica a la inversión.
El dirigente empresarial señaló que, desde la perspectiva del sector productivo, resulta fundamental respetar los procesos institucionales cuando una empresa ha cumplido con los requisitos exigidos por las autoridades, ha realizado inversiones de gran escala y ha avanzado durante años bajo supervisión gubernamental.
Silvas Inzunza advirtió que la incertidumbre en torno a proyectos estratégicos puede afectar seriamente la confianza de los inversionistas y comprometer los esfuerzos para impulsar una nueva etapa de industrialización en Sinaloa. Consideró que si una obra de esta magnitud, que reporta un avance cercano al 90 por ciento, enfrenta riesgos de cancelación después de años de trámites y recursos invertidos, difícilmente llegarán nuevas inversiones de gran escala al estado.
El presidente de ADECEM destacó que la planta representa una inversión estimada en cientos de millones de dólares en su primera etapa y miles de millones más en fases posteriores, además de la generación de alrededor de 3 mil empleos durante su construcción y más de 400 puestos permanentes una vez en operación.
No obstante, precisó que otorgar certeza a la inversión no significa ignorar las inquietudes de las comunidades o flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales. Señaló que los proyectos de esta naturaleza deben mantener el diálogo con los sectores involucrados y atender las preocupaciones de la población.
Las declaraciones surgen luego de que integrantes del movimiento ciudadano Aquí No, comunidades mayo-yoremes, pescadores y habitantes de la región realizaran una marcha y una clausura simbólica de maquinaria relacionada con el proyecto, reiterando su rechazo a la instalación de la planta en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, donde organizaciones sociales y ambientales advierten posibles impactos ecológicos.
Además del diálogo que establecieron grupos opositores con autoridades de Semarnat en la ciudad de Los Mochis .
