Ciudad de México.- El Senado aprobó la madrugada de este viernes 29 de mayo y en una discusión de sólo 35 minutos la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, el mecanismo que busca filtrar a aspirantes que tengan presuntos vínculos con el crimen organizado antes de que los partidos los registren ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La votación fue de 85 a favor y 40 en contra en lo general, y de 84 a favor y 41 en contra en lo particular. Al ser una reforma a ley secundaria, el decreto va directo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esta aprobación el Senado concluyó sus actividades del periodo extraordinario de sesiones.
Comisiones devolvieron el turno y el pleno tomó el asunto de urgencia
El proceso fue atípico. La minuta llegó al Senado y fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, que ya habían publicado en la Gaceta del Senado una convocatoria para reunión extraordinaria el viernes 29 de mayo a las 8:00 horas en las Salas 2, 5 y 6 del Hemiciclo. El orden del día incluía la lectura, discusión y aprobación del dictamen.
La periodista Leti Robles de la Rosa documentó en redes sociales que en solo 35 minutos el pleno discutió y aprobó la minuta. En lo particular, cuatro senadores del PAN y del PRI presentaron reservas, pero fueron desechadas por la asamblea.
Un senador cambió su voto entre la votación en lo general y la votación en lo particular: de favor a contra.
El debate en tribuna
La senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez defendió la reforma y dijo que la comisión operará como un órgano técnico permanente del INE que desplegará un mecanismo de análisis de riesgo sobre las candidaturas postuladas por partidos políticos y candidaturas independientes.
La panista Laura Esquivel Torres cuestionó que el proyecto no plantea sanciones, nulidad de elección ni pérdida de registro para el partido que postule a un candidato con vínculos delictivos. “Se quieren lavar las manos”, señaló.
Por el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura sostuvo que la propuesta resuelve desde la raíz la integridad de un candidato mediante un cruce de información interinstitucional y que responde a la preocupación de años sobre intereses ilícitos que intentan acercarse a espacios públicos.
El emecista Néstor Camarillo Medina fue más directo: dijo que no se necesita crear una comisión en el INE para saber quién viola la ley, sino que la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades de seguridad “hagan su trabajo y detengan a los delincuentes”.
Qué establece la ley aprobada
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá de los partidos políticos, o de quienes aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postularse a cargos de elección popular federales o locales, antes de su registro ante la autoridad electoral.
Con esos listados, en coordinación con la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizará un análisis de riesgo sobre cada perfil para determinar la existencia o no de un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.
La participación es voluntaria para los partidos y para los aspirantes a candidaturas independientes. La información entregada puede ser total o parcial. El organismo no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos: sus resultados son de carácter informativo y cada partido decide si los usa o no al momento de registrar a sus candidatos.
El INE emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento interno de la comisión, los plazos y los criterios aplicables, así como los mecanismos para la protección de datos personales. Las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto ya aprobado al INE, sin recursos adicionales.
La presidencia del organismo será rotativa y se designará anualmente entre sus propios integrantes. La comisión deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.
El resto del paquete del periodo extraordinario
El narcoregistro fue el último de tres decretos aprobados durante el periodo extraordinario. Los otros dos son reformas constitucionales que aún deben ratificarse en al menos 17 de los 31 congresos estatales antes de publicarse en el DOF.
La reforma judicial aplaza la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales.
Incluye además la habilitación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones para reelegirse en 2028, lo que les permitiría acumular hasta 17 años en el cargo. El Senado la aprobó con 87 votos a favor y 41 en contra.
La reforma al artículo 41 constitucional establece como nueva causal de nulidad electoral la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en procesos electorales mexicanos para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.
El Senado la aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra. Ambas reformas fueron impulsadas por el bloque de la 4T —Morena, PVEM y PT— y rechazadas en bloque por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Con información de Infobae
