Culiacán, Sin.- “En Morena Sinaloa reafirmamos que la justicia para nuestras y nuestros agricultores es una prioridad en los gobiernos de la cuarta transformación”, así lo expresó el dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza, al pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Sinaloa con productores de maíz, mediante el cual se fijó un precio de 6 mil pesos por tonelada.
Barraza destacó que este logro fue posible gracias a la coordinación entre autoridades y productores, así como al liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya y las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Detalló que el esquema contempla un respaldo económico conjunto, con una aportación de mil 300 pesos por parte de la Federación y 400 pesos del Gobierno estatal.
El dirigente subrayó que este acuerdo cubrirá la totalidad de la superficie sembrada, estimada en 350 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea, beneficiando a más de 25 mil productores de maíz blanco en la entidad.
Indicó que el precio establecido es resultado de un análisis técnico de los costos de producción, lo que permite no solo cubrirlos, sino también garantizar un margen de ganancia para los agricultores. Añadió que las mesas de trabajo se realizaron con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y productores, privilegiando el diálogo y el consenso.
Asimismo, recordó que este proceso da continuidad a la reunión encabezada por la presidenta el pasado 28 de febrero en Sinaloa, donde se instruyó la creación de un grupo de trabajo para atender de fondo la problemática del maíz.
Barraza explicó que la estrategia contempla dos ejes principales: asegurar la comercialización mediante mecanismos que ordenen el mercado, eviten importaciones y protejan el maíz nacional, así como fortalecer la producción con contratos anticipados que ya alcanzan cerca de 3.5 millones de toneladas.
Señaló que se han implementado acciones complementarias como el reforzamiento de la seguridad en rutas de traslado, la regulación de costos logísticos, la organización del sector y la simplificación de trámites, con el objetivo de garantizar que todos los productores accedan a los beneficios del acuerdo.
