Estados Unidos.- En un comunicado difundido este miércoles 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia ( DOJ), se imputan cargos federales contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
Las acusaciones incluyen conspiración para el narcotráfico y delitos relacionados con el uso de armas de fuego, y señalan la existencia de una colaboración sistemática con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cartel de Sinaloa.
Según el fiscal federal Jay Clayton y la Administración para el Control de Drogas ( DEA), los acusados habrían utilizado sus cargos de alta jerarquía para facilitar la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas desde México hacia territorio estadounidense.
¿Quiénes son los funcionarios acusados?
La acusación sostiene que esta red de corrupción no solo permitió el libre tránsito de narcóticos, sino que convirtió a las instituciones públicas de Sinaloa en un brazo logístico y de protección para la organización criminal, a cambio de millonarios sobornos.
Entre los señalados figuran personajes clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, incluidos Enrique Inzunza Cázarez, Dámaso Castro Zaavedra y el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “ Juanito”. A este último se le imputan cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en 2023, utilizando recursos de la fuerza pública para ejecutar dichas represalias.
La fiscalía estadounidense alega que el ascenso al poder de Rubén Rocha Moya fue impulsado directamente por el Cártel de Sinaloa, mediante una campaña de intimidación y secuestro de rivales políticos antes de las elecciones de 2021. Una vez en el cargo, el gobernador presuntamente mantuvo reuniones con líderes de “Los Chapitos”, garantizándoles impunidad operativa en el estado a cambio de apoyo financiero y político continuo.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista que sobrevive gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. La investigación detalla pagos mensuales específicos, como los 11,000 dólares que recibía Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por filtrar información sobre operativos, lo que refuerza la hipótesis de que la estructura gubernamental operaba como un sistema de alerta temprana y escudo legal para los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El caso, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York, forma parte de una estrategia más agresiva de Estados Unidos para desmantelar las redes de apoyo político de los cárteles transnacionales. Las autoridades enfatizaron que ningún funcionario, independientemente de su rango, está fuera del alcance de la justicia internacional cuando sus acciones comprometen la seguridad y la salud pública de las comunidades estadounidenses.
Se cree que todos los acusados se encuentran actualmente en México, y la acusación marca el inicio de un proceso legal que podría derivar en solicitudes formales de extradición. Mientras tanto, el Departamento de Justicia reiteró que los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, aunque advirtió que las pruebas recabadas exponen uno de los casos de narcocorrupción más profundos detectados en la historia reciente de la relación bilateral.
Con información de N+
