Guanajuato.- La Jueza de control, Paulina Irais Paulina Manzano, declaró esta mañana legal la detención de Eva María Ortíz, madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”.
Ese mismo caso es el de Juana Erika y Rosalba, familiares directos de “El Marro”, así como Marlene y Jesús Emmanuel, detenidos también en el cateo.
Lo cinco implicados están acusados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta, pero la jueza no pudo decidir si los vinculaba o no a proceso.
Lo anterior, debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo 27 de junio.
En tanto, la madre del capo, sus otros familiares y las otras dos personas permanecerán en prisión preventiva hasta que se defina su situación en la audiencia de vinculación.
“Hay un desastre en el informe”: abogada de la madre del capo
La defensa de la madre del capo, acusó que la Fiscalía estatal pretende hacer parecer un acto legal, basado en una serie de actos ilícitos.
La abogada, que omitió su nombre, acusó que hay un desfase en el informe a la hora de la detención de sus defendidas, con lo sucedido en realidad.
Expuso que la detención fue cerca de las tres de la tarde como lo dio a conocer EL UNIVERSAL y no a las 9 de la noche como lo informó la FGE de Guanajuato.
Además, la defensa alegó que Eva María Ortiz no fue detenida en el predio donde rentaba, sino en la casa de su hija.
En relación a las acusaciones que hacen en conjunto la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía de Guanajuato de que las tres mujeres detenidas en el cateo eran operadoras financieras del CSRL, la abogada desmintió los desmintió.
“En la Carpeta de Investigación no hay ningún dato de prueba al respecto y mucho menos tampoco hay un vínculo real demostrado jurídicamente”, refutó.
Explicó que el delito de narcomenudeo que se les imputa, corresponde al orden federal, pero que la Fiscalía General de la República se negó a recibir el desglose.
“Acudieron (FGE) a la Procuraduría General de la República en su sede en León y la FGR al notar todas las irregularidades en la detención y el trabajo de ellos (ministeriales estatales) decidió no tomar el asunto y que lo resolviera la Fiscalía del Estado”, reveló.
Argumentó que los dos millones de pesos que la Sedena y la FGE le adjudicaron en posesión a los familiares de “El Marro”, la defensa afirmó que esa cantidad la confiscaron los ministeriales de una “infinidad” de domicilios.