Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó esta mañana un comunicado, y dijo que el 28 de abril por la noche la secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril la misma secretaría turnó la información a la FGR para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. El 29 de abril al mediodía el departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador de Sinaloa, el Senador y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español Acusación de Remplazo Bajo Reserva, esto llevó un extrañamiento del Jurídico de Relaciones Exteriores, porque estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia.
Ayer por la tarde la FGR emitió un comunicado donde establece que es obligación de la FGR a través de la Fiscalía Especial para asuntos internacionales analizar la información recibida con fin de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso sobre la viabilidad de la extradición.
De manera paralela la FGR estableció que realizará la investigación para allegarse de toda la información necesaria para ver si las acusaciones cuentan con el fundamento legal para solicitar las órdenes de aprehensión.
La FGR estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar una acción judicial se requieren datos de prueba.
Desde que asumí la Presidencia de México juré respetar y hacer respetar las leyes, México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, como Presidenta de la República mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a Derecho respecto a nuestra Constitución.
Nosotros no vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito, pero si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político.
Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
«Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición».
