Guasave, Sin.- Al advertir presuntas irregularidades y un fuerte impacto financiero para las arcas municipales, la regidora de Morena, Soila Candelaria Lazcano Bacasegua, solicitó formalmente al Órgano Interno de Control abrir una investigación sobre la sindicalización masiva realizada durante la administración del exalcalde Martín Ahumada Quintero.
Durante su posicionamiento, la edil señaló que la complicada situación financiera que enfrenta actualmente el Ayuntamiento es consecuencia de “excesos y acciones irresponsables” heredadas de gobiernos anteriores, poniendo como ejemplo el incremento de la nómina sindicalizada en la pasada administración.
Detalló que, de acuerdo con la revisión realizada, se sindicalizaron 112 trabajadores, de los cuales 91 correspondieron a renovaciones y 21 fueron plazas de nueva creación, mismas que, aseguró; no cuentan con una justificación técnica que sustente su necesidad.
Lazcano Bacasegua explicó que dichas nuevas plazas comenzaron a generarse desde junio de 2024, es decir, a mitad del ejercicio fiscal, lo que provocó un aumento de aproximadamente 600 mil pesos mensuales en la nómina municipal y un impacto superior a los 5 millones de pesos al cierre de ese año, recursos que no estaban contemplados en el presupuesto y que ahora tuvo que absorber la administración en funciones.
Pero el señalamiento fue más allá. La regidora expuso que gran parte de los trabajadores beneficiados con la sindicalización tenían una antigüedad temporal menor a tres años, e incluso algunos, dijo, ni siquiera se encontraban laborando activamente dentro de la administración al momento de recibir ese beneficio.
“Se sindicalizó a personas que llegaron con la administración pasada y con una antigüedad mínima. Incluso existe el caso de un trabajador que fue sindicalizado el último día de ese gobierno”.
La morenista consideró que estas acciones pudieron haber violentado los derechos de otros empleados con mayor antigüedad y mejores condiciones para acceder legalmente a una base sindical, lo que calificó como un acto de inequidad laboral.
En ese sentido, dejó claro que su postura no es en contra de los trabajadores, sino a favor de la justicia y la transparencia.
Por ello, hizo un llamado directo al nuevo titular del OIC para que realice una investigación a fondo sobre todas las sindicalizaciones efectuadas en ese periodo y determine si se apegaron a la ley.
“Si no se hicieron conforme a derecho, que se proceda con las acciones necesarias para fincar las responsabilidades correspondientes”.
La petición abre un nuevo capítulo en la revisión de la pasada administración y podría derivar en procedimientos administrativos o legales si se confirman anomalías en el proceso de basificación.
