Guasave, Sin.- El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, afirmó que el eventual requerimiento de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, “era algo que ya se veía venir”, en medio de una escalada de violencia que, asegura, mantiene al estado en una crisis sin precedentes.
Sostuvo que desde la etapa electoral del actual mandatario estatal existían advertencias sobre posibles nexos con “poderes fácticos”.
Vinculó el agravamiento de la violencia con hechos ocurridos en 2024, entre ellos el supuesto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, casos que, dijo, fueron señalados como montajes por la Fiscalía General de la República. A partir de entonces, afirmó, se detonó una reorganización de grupos criminales que derivó en un conflicto prolongado.
“Era un clamor ciudadano que fue ignorado. Desde septiembre estalló una guerra que no tiene precedente en Sinaloa”,
El abogado guasavense lamentó que en Sinaloa se siga viviendo un escenario de más de 20 meses de violencia sostenida, con miles de homicidios, desapariciones, viviendas incendiadas y víctimas menores de edad.
También advirtió sobre el impacto negativo en la imagen del estado, al señalar que Sinaloa se ha consolidado como epicentro de grupos del crimen organizado, situación que, aseguró; no ha sido contenida por las autoridades.
En ese contexto, criticó lo que consideró una falta de acción efectiva por parte del gobierno estatal y federal.
“Lejos de proteger a la población, se protege a los gobernantes”, acusó, al tiempo que habló de un presunto “desmantelamiento” de las instituciones en la entidad.
Hizo un llamado a la presidenta de México para que anteponga los intereses nacionales sobre los partidistas.
