Culiacán, Sin.- Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, que preside la morenista Graciela Domínguez Nava, presentaron este martes en tribuna un posicionamiento en el que cuestionan el recurso de amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana contra la Ley de Obras Públicas, y ratificaron su compromiso de hacer todo lo posible conforme a la legislación para proteger los recursos que pertenecen al pueblo de Sinaloa.
El pasado 7 de septiembre del año en curso se publicó en el Periódico Oficial el Decreto número 456, aprobado por el Congreso del Estado, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Dichas modificaciones a la ley fueron resultado de un amplio consenso entre los gremios y las instituciones de Gobierno, tales como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los organismos ciudadanizados que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa.
En el posicionamiento, la JUCOPO señala que dicho decreto se aprobó por unanimidad de los legisladores, y que no fue objeto de veto por parte del Ejecutivo Estatal ni tampoco fue objeto de juicio de controversia o de acción de inconstitucionalidad.
No obstante, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana interpusieron un amparo argumentando que les afecta de alguna manera la Ley, al suponer que no tienen la calidad de servidores públicos y que el congreso se excedió al darles atribuciones que no les corresponden.
“No se entiende esto porque dicho comité tienen vida y origen en el Sistema Estatal Anticorrupción y es además asidero constitucional dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, según el artículo 113 de la norma suprema en el que se establecen las bases mínimas y conforme al último párrafo de dicho artículo se impone la obligación de que en las entidades federativas se establezcan sistemas locales anticorrupción en el que están insertos como ciudadanos que surgen de la sociedad; porque cuentan con un perfil relacionado a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; pero además conforme al diverso 108, párrafo cuarto, precisa la norma suprema que serán los estados quienes en su ámbito de competencia establezcan quienes tendrán la categoría de servidores públicos”, establece el documento firmado por todos los integrantes de la JUCOPO y leído en tribuna por la diputada Yeraldine Bonilla.
Se destaca además que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Local se establece que estarán vinculados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema mediante contratos, y aunque no dice específicamente que tipo o modalidad de contratos, no se debe entender que son de servicios profesionales porque esos requieren de licitación pública para contratación sino que más bien deben ser de asimilables a salarios pues de otro modo se debería haber realizado un procedimiento de contratación donde ellos deberían estar pagando el impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, además de que se especifica que estarán sujetos al régimen de responsabilidades determinado en el artículo 130 para los servidores públicos.
“Ahora bien en cuanto al régimen de actuación los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que al igual que todos los demás integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, siguen las bases mínimas de actuación que tanto la Constitución Federal como la Ley General del Sistema Anticorrupción disponen, lo cual no quiere decir que no pueda el legislador local establecer otras en la que se procure prevenir y evitar actos de corrupción porque como dice la constitución son parámetros mínimos no máximos”, se agrega en el documento.
Por ello la LXIII Legislatura ha emprendido acciones para legislar con mayor rigor los temas de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, del combate a la corrupción en términos de la legislación nacional y estatal.
“Por tales razones, no se entiende el actuar del Comité de Participación Ciudadana al interponer amparo, pues al hacerlo impugnaron las normas esenciales que buscan mayor participación ciudadana para vigilar y combatir posibles actos de corrupción; como son la ciudadanización de los Comités de Obras Públicas del Poder Ejecutivo, de los Municipios y en sí de todas las instituciones; que son precisamente los que permiten integrar a ciudadanos para que vigilen el gasto en obra pública”, explica el documento.
“Los integrantes del Comité Anticorrupción, están tratando de evitar que haya mayor vigilancia en el uso de los recursos por los testigos sociales y los ciudadanos nombrados por la sociedad, si lo que buscan es ganar tiempo y retardar la aplicación de la Ley, solo resta decirles que este Congreso hará todo lo necesario para defender la institucionalidad y seguirá en la lucha para prevenir y combatir posibles actos de corrupción; y defenderá, conforme a la Legislación, los recursos públicos que pertenecen al pueblo sinaloense”, concluye el documento signado por los miembros de la Junta de Coordinación Político.
